Alberto Fernández pidió la nulidad de su procesamiento por corrupción en el caso Seguros, pero el fiscal ya lo rechazó

Ante la Cámara Federal de Casación Penal, que tiene bajo revisión su procesamiento por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, Alberto Fernández pidió la nulidad de las acusaciones que pesan sobre él y que lo podrían conducir a su primer juicio oral por corrupción. Sin embargo, el fiscal ante dicha instancia, Raúl Plee, rechazó los argumentos de la defensa, sosteniendo así la confirmación del procesamiento.

En este expediente, que comenzó luego de una investigación de Clarín, el ex Jefe de Estado terminó procesado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

Un cuestionado decreto firmado por Fernández, 45 contratos, 25 intermediarios de Seguros, comisiones millonarias, una cooperativa que funcionó como financiera y un posible direccionamiento de los contratos son parte de las piezas que componen lo que la justicia denominó una “estructura criminal” para desviar fondos públicos a privados.

El monto de las comisiones pagadas a intermediarios de contratos entre organismos públicos, supuestamente con irregularidades y direccionamientos -según consta en la acusación- fue de 3.364.522.944 pesos.

Después de las apelaciones de los acusados ante las instancias superiores, el 23 de febrero la Sala IV de la Casación Federal, integrada por Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, confirmó los procesamientos de diez personas involucradas en el entramado de corrupción alrededor de los contratos del Estado con Nación Seguros y la intermediación de brokers del rubro.

Los delitos incluyen administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles, como pilares centrales del procesamiento.

Sin embargo, quedó bajo revisión en el máximo tribunal penal la situación procesal de Alberto Fernández, principal implicado en el entramado de comisiones y favoritismos otorgados a su amigo y broker Héctor Martínez Sosa, quien se alzó con el 59.6% de las comisiones pagadas a los comisionistas.

¿Por qué la situación está bajo análisis? Porque la Cámara de Casación hizo lugar a la queja de la defensa y decidió revisar su procesamiento debido a que, en la instancia anterior, el fiscal de Cámara – José Luis Aguero Iturbe-, consideró que debían escucharse a los testigos sugeridos por Alberto Fernández.

La defensa del ex Jefe de Estado sostuvo que el pronunciamiento “resultaba arbitrario toda vez que se había confirmado el procesamiento de su asistido mediante una errónea interpretación de la ley sustantiva y procesal, con vulneración de diversas garantías constitucionales, entre las que destacó el derecho al debido proceso y a la defensa en juicio”.

Además, la abogada Mariana Barbitta objetó que la Cámara de Apelaciones confirmó el procesamiento de Fernández “pese a que, durante la audiencia celebrada ante esa instancia, el representante del Ministerio Público Fiscal se pronunciara en favor de revocar la decisión de primera instancia y de dictar la falta de mérito del imputado”.

Pese a los planteos esgrimidos, incluso en la audiencia a la que asistió el ex Presidente este lunes, el fiscal ante la Casación -Raúl Plee-, rechazó los argumentos y pidió que se desestime el reclamo, lo que avala el procesamiento que ya fue confirmado por la Cámara Federal.

En el dictamen al que accedió Clarín, Plee consideró que la defensa “no ha logrado acreditar la existencia de un agravio federal debidamente fundado, impone la inadmisibilidad de la vía”.

Al avanzar en su planteo, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que la defensa “se ha limitado a invocar defectos de fundamentación en la resolución impugnada, a partir de una discrepancia sobre la interpretación de las circunstancias particulares del caso que la Alzada consideró relevantes para confirmar el auto de mérito”.

Para el fiscal ante la Casación, Alberto Fernández no logró introducir “una crítica razonada, sino que sus agravios solo traslucen una mera disconformidad con el análisis efectuado por las dos instancias previas que entendieron en el caso, insistiendo con planteos que han sido debidamente tratados y desechados con argumentos que, más allá de que la parte no los comparta, se apoyan en las constancias de la causa y evidencian una correcta interpretación y aplicación de la normativa legal que rige la materia”.

A través del dictamen de 26 páginas, el fiscal Plee solicita que se declare inadmisible el recurso de Casación interpuesto por la defensa de Fernández.

En este expediente la acusación principal indica que todos los involucrados, con Alberto Fernández a la cabeza,”intervinieron mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros”.

Los brokers de seguros, sostiene la causa,“con la connivencia de Alberto Fernández, habrían operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros; como así también en la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta”.

Se determinó quiénes fueron los más beneficiados. El primero de ellos presidía la firma Héctor Martínez Sosa y Compañía, “que intervino en calidad tanto de productor asesor directo como organizador de otros productores: Bachellier (presidida por Osvaldo Tortora), Bri Brokers (presidida por Agustín Beraldi), Levelar (presidida por Diego Marín), Norberto Garrido, Emanuel Calvo, Fernando Carlos Salim y Laura Crisafulli”.

Se calcula que las comisiones percibidas por el grupo alcanzaron los 2.297.820.134,36 pesos, equivalente a un 59,6% de las comisiones liquidadas por Nación Seguros a todos los intermediarios de las pólizas emitidas a entes estatales durante el gobierno de Alberto Fernández (un 68,3% del universo de comisiones para los tres grupos).

El empresario Pablo Torres García presidía la firma TG Broker, que intervino como productor asesor directo y con San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros (presidida por Brian Kelly) como organizador.

“Además, era accionista de Paris Broker de Seguros (presidida por Ricardo Clement). En total, este grupo habría percibido la suma de 654.396.501,08 pesos, equivalentes a un 16,96% de las comisiones liquidadas por Nación Seguros los intermediarios por todas las pólizas emitidas a entes estatales bajo Alberto Fernández (19,45% del universo de los tres grupos)”, se indica en la causa.

Finalmente, Oscar Castello presidía la firma Castello Mercuri, que intervino como productor asesor directo y como organizador de los productores asesores directos Service Risk (presidida por Hernán Berretta pero cuyas acciones se reparten equitativamente entre Oscar Castello y Ernesto Mercuri, a quienes el juez Sebastián Casanello les dictó la falta de mérito) y Javier Rodríguez Gómez.

El grupo habría percibido un total de 412.306.308,61 pesos, es decir, un 10,69% del total liquidados por Nación Seguros a los intermediarios bajo la mira (12,25% del reparto en los tres grupos).

En lo que hace a los coseguros, sobresale su utilización por parte de Nación Seguros en seis pólizas de seguro de vida colectivo de saldo deudor de la ANSeS. Particularmente en este caso, el reproche recae sobre la intervención de San Germán Seguros ($1.346.145.573,83) y de San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales ($2.022.318.533,52).